Dos argentinos presentan millonaria demanda al Gobierno español por discriminación

La causa está en manos de la Justicia Federal de Córdoba. Son dos bailarines que fueron a una boda en Barcelona. Pero en el aeropuerto los apresaron durante dos días y los trataron de “sudacas”. Después los mandaron de vuelta.
La Justicia federal de Córdoba aceptó llevar adelante una causa en la que dos artistas argentinos demandaron por un millón y medio de pesos al Estado español, por presunta "discriminación y tratos crueles" al impedirles ingresar al país, retenerlos durante 48 horas y finalmente expulsarlos.

El juez federal cordobés Alejandro Sánchez Freytes aceptó intervenir en la causa, iniciada a raíz de la denuncia de Walter Vergara, integrante del ballet oficial de la Orquesta del Teatro San Martín de Córdoba, y la bailarina María Silvia Alvarez.

El 17 de noviembre de 2007, ambos artistas viajaron a Barcelona para asistir al casamiento de un familiar, pero al llegar al Aeropuerto Internacional de "El Prat" fueron retenidos durante 48 horas y finalmente deportados de regreso a la Argentina.

Según explicó el abogado que patrocina la demanda, Alejandro Severín, las autoridades migratorias españolas argumentaron que ambos "no tenían profesión alguna, ni medios de vida, ni lugar para alojarse en España, así como tampoco dinero para retornar al país".

Pero el letrado replicó, en su presentación de demanda, que "ambos son reconocidos artistas, uno de ellos es miembro del elenco estable del ballet del máximo teatro de la esta provincia, tenían medios económicos suficientes, inclusive tarjetas de crédito internacionales, y además, lugar para la permanencia en España y sus respectivos pasajes aéreos con regreso establecido a sólo 18 días del ingreso".

Zeverín denunció que durante las 48 horas que ambos permanecieron retenidos fueron tratados reiteradamente como "sudacas".

Los artistas denunciaron también penalmente a las autoridades españolas como presuntos "autores materiales del hecho discriminatorio y tratos inhumanos y degradantes" y reclamaron el resarcimiento económico por las supuestas "lesiones graves psíquicas, privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica".